La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de ley de minería que busca modernizar el marco legal del sector y atraer inversiones nacionales e internacionales. Igualmente, la iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno para reactivar la industria extractiva y aprovechar el potencial mineral del país.
La propuesta recibió el respaldo mayoritario de los legisladores durante la sesión celebrada el lunes. Sin embargo, un pequeño grupo de diputados de la oposición moderada decidió abstenerse de votar al señalar que el borrador del proyecto fue entregado minutos antes del inicio del debate parlamentario. La iniciativa aún deberá someterse a una segunda votación para convertirse en ley.
Durante la sesión, el diputado Orlando Camacho explicó que el nuevo marco jurídico busca ampliar las garantías legales para generar confianza entre los inversionistas. Entre los cambios propuestos se contempla la posibilidad de recurrir a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para resolver disputas una vez agotadas las instancias legales nacionales.
La reforma minera surge en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington. Días antes de la votación, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó la capital venezolana para explorar oportunidades de cooperación energética y minera con autoridades locales.
El gobierno venezolano pretende replicar en el sector minero la apertura reciente aplicada a la industria petrolera, donde se han flexibilizado las reglas para facilitar la participación de empresas extranjeras. Según las autoridades, la nueva legislación podría impulsar proyectos relacionados con la explotación de oro, bauxita y otros minerales estratégicos.
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El interés por estos recursos crece a nivel global. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda de minerales críticos podría cuadruplicarse hacia 2040 debido al auge de los vehículos eléctricos y la transición hacia energías limpias.
No obstante, el país enfrenta desafíos significativos para formalizar el sector. Investigaciones recientes han señalado la presencia de minería ilegal y de grupos armados en algunas zonas de la Amazonía venezolana, lo que plantea retos en materia de seguridad, gobernanza y sostenibilidad ambiental.
En este contexto, la presidenta interina Delcy Rodríguez reiteró su interés en promover una fórmula “ganar-ganar” que permita atraer capital, fortalecer la industria minera y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para el país.
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