La aprobación de la iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada por el
gobierno federal tiene graves implicaciones ambientales, económicas y sociales.
Mismas que que afectarán el bienestar de la población y la actividad económica de sectores clave para la recuperación de la economía.
Esta reforma provoca incertidumbre para las empresas que invierten en nuestro país.La restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como “esencial para la transición energética” es un factor de incertidumbre para los inversionistas que pretendan desarrollar proyectos mineros en el país.
Ello impacta negativamente a los sectores que contribuyen de manera significativa a la reactivación económica necesaria para México.
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Pone en riesgo las operaciones mineras que ya existen en el territorio nacional.
Los minerales son propiedad de la Nación, así lo establece el Artículo 27° Constitucional. Debe
suprimirse de la Reforma el considerar otros minerales como esenciales para la transición
energética.
Esto genera incertidumbre y pone en riesgo a las operaciones mineras existentes, el
abasto de minerales para otras cadenas de valor, así como su consecuente derrama económica,
generación de bienestar en más de 690 comunidades del país.
Así como los más de 2.3 millones de empleos y familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Las disposiciones jurídicas no pueden ser retroactivas.
La propuesta de Reforma viola el principio de irretroactividad. Esta reforma en el sector eléctrico puede ser un obstáculo para que la industria mexicana sea sostenible.
La cancelación de los permisos eléctricos impediría que las operaciones mineras puedan tener
acceso a fuentes limpias de generación eléctrica.
Actualmente, 34 por ciento del consumo total de energía de las empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX que operan bajo altos compromisos y estándares de protección al medio ambiente proviene de fuentes limpias como la eólica o solar.
Reforma deficiente
Esta reforma obligaría a todos los sectores productivos de México a adquirir energía de la CFE,
sin importar lo sucia, cara e ineficiente que pueda ser.
Adicionalmente, la Reforma restaría a México competitividad en el mercado internacional.
Un monopolio en el suministro de energía eléctrica puede encarecer el uso de energía para las
familias y las industrias.
El incremento en los costos de generación eléctrica podría volver económicamente inviables a
una gran cantidad de proyectos mineros que son necesarios para el desarrollo del país.
Este es un tema fundamental que merece un debate serio y responsable.
La CAMIMEX hace un llamado al Poder Legislativo para que se realice un parlamento abierto, que
verdaderamente escuche a todas las voces expertas.
Y en el cual se reflexione de manera objetiva sobre todos los efectos de esta iniciativa para el presente y futuro de México, de los niños y jóvenes. La CAMIMEX está a favor de un sector eléctrico sólido.
La Cámara Minera de México está a favor de un sector eléctrico fuerte que garantice la seguridad y la soberanía energética de México a través de un sistema eléctrico robusto, confiable, diversificado, justo, balanceado y con precios competitivos que aseguren un desarrollo sostenible.
Nos sumamos a la preocupación de otras Cámaras, que agrupan sectores clave de la economía, a grupos de universitarios, jóvenes, académicos y especialistas que han manifestado respecto a las consecuencias e implicaciones de esta Reforma.
La colaboración estrecha entre el sector público y privado, así como la sociedad civil, será fundamental la colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado para garantizar, en el presente y en el futuro, un abastecimiento energético ordenado y necesario para todas y todos los mexicanos.