La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de aumentar los derechos especial y extraordinario sobre la minería, aunado a las restricciones en materia de exploración de los últimos años, provocaría que 6,900 millones de dólares no se invirtieran en el país durante los siguientes dos años, advirtió la Cámara Minera de México (Camimex).
La Camimex reiteró que el incremento propuesto a las regalías mineras podría bloquear inversiones por 6,900 millones de dólares en los próximos dos años.
Esta iniciativa contempla modificaciones a la Ley Federal de Derechos para aumentar los impuestos al sector, argumentando alza sostenida en los precios de los metales.
“El aumento en las regalías, combinado con restricciones en permisos y concesiones, tendría un impacto negativo en un sector. El cual ya está debilitado por la sobreregulación y parálisis en la aprobación de nuevos proyectos,” afirmó la Camimex en un comunicado.
De acuerdo con la propuesta, el «derecho especial» minero subiría de 7.5% a 8.5%. Mientras que el «derecho extraordinario» pasaría de 0.5% a 1.0%.
La Camimex destacó que México, con una carga fiscal total del 52.68%, ya enfrenta desventajas competitivas frente a países como Chile, Perú y Canadá, importantes actores en el sector minero global.
Además, el gremio recordó que en 2023 se aprobaron reformas que acortaron la duración de las concesiones mineras de 50 a 30 años. Igualmente, endurecieron los permisos para la extracción de agua. Actualmente, una propuesta para prohibir la minería a cielo abierto sigue en análisis legislativo.
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México, líder mundial en producción de plata y uno de los principales productores de cobre y oro, destina alrededor del 2.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector minero, que ha sido un atractivo clave para inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá.
Según la Camimex, las inversiones en minería alcanzaron 5,131 millones de dólares en 2023, un 3.4% más que en 2022. Aunque lejos del récord de 8,043 millones de dólares registrado en 2012.
“Este nuevo esquema fiscal podría agravar la pérdida de competitividad y frenar el desarrollo de nuevos proyectos en el país”, reiteró.
