La decisión de First Majestic Silver de iniciar un procedimiento de arbitraje contra México por una disputa fiscal es una señal de riesgo para las mineras extranjeras.
First Majestic, que proporcionó una actualización sobre la disputa fiscal, reiteró que el gobierno mexicano «ha ignorado sus obligaciones» internacionales.
En un comunicado, First Majestic explicó que el Ejecutivo le ha solicitado 132.1 millones de dólares en impuestos atrasados de 2013; una cantidad desde su percepción, supera con mucho los ingresos netos anuales auditados antes de impuestos de Primero Empresa Minera (PEM), propietaria de la mina de San Dima.
First Majestic adquirió a “PEM”, el propietario de la mina de oro / plata San Dimas en mayo de 2018, mediante la adquisición de Primero Mining Corp.
Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo de First Majestic Silver, no era el director ejecutivo de PEM antes de su compra en mayo de 2018.
“La mayor parte de la valoración fiscal está relacionada con ajustes de inflación y multas punitivas discrecionales, intereses y sobrecargos; que de nuevo superan con mucho los ingresos de PEM”, añadió First Majestic.
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La empresa canadiense opera en México las minas San Dimas, Santa Elena y la Encantada para la producción de plata y oro. Se ha visto obligada a responder a varios artículos erróneos en los medios de comunicación mexicano que han sido publicados recientemente.
First Majestic solicitó el pasado 2 de marzo la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial; para resolver la disputa que mantiene con el gobierno de México por el pago de impuestos.
El año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México aprobó la terminación de un acuerdo que permitía a la empresa minera pagar impuestos a una tasa inferior.
Según First Majestic, en 2012 PEM, que por aquel entonces era propiedad de otra empresa; logró un acuerdo con el gobierno mexicano para pagar impuestos sobre la base de los ingresos reales y no los precios de mercado.
Sin embargo, el Ejecutivo mexicano ha emitido tasaciones fiscales para los años 2010, 2011 y 2012 para PEM sobre los precios de mercado; lo que ha multiplicado los ingresos sujetos a imposición fiscal.
Los abogados de First Majestic han señalado que el acuerdo impositivo de PEM sólo puede ser anulado por la Suprema Corte de Justicia de México; y no por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México.
Ante «la negativa» del gobierno de México de «establecer negociaciones en buena fe» para resolver la disputa fiscal; First Majestic decidió recurrir al Capítulo 11 del TLCAN para que CIADI cree un panel de arbitraje que decida sobre la disputa.
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