En un escenario internacional definido por la transición energética, la relocalización de cadenas de suministro y la competencia por recursos estratégicos, el Plan de Acción México–Estados Unidos sobre minerales críticos, anunciado el pasado 4 de febrero, se perfila como una plataforma clave para fortalecer la posición de México en la arquitectura industrial de Norteamérica.
De acuerdo con un artículo de la Cámara Minera de México, (CAMIMEX), Los minerales críticos se han convertido en piezas esenciales para la estabilidad económica, la innovación tecnológica y la seguridad energética regional. Son insumos fundamentales para industrias como la electromovilidad, la manufactura avanzada, la digitalización y las tecnologías limpias. En este contexto, México parte de ventajas estructurales relevantes: se encuentra entre los principales productores mundiales de diversos minerales y genera al menos una docena de insumos considerados estratégicos para el mercado norteamericano.
El plan bilateral no solo abre la puerta a consolidar la producción existente, sino también a ampliar el acceso a minerales que actualmente no se producen en el país o que aún no han sido plenamente identificados. Integrarse a mecanismos regionales de suministro permitiría a México asegurar su participación en nuevas cadenas de valor globales y fortalecer su soberanía productiva en el largo plazo.
Un acuerdo sólido podría traducirse en mayor competitividad, certidumbre para la inversión. Y consolidación del país como proveedor confiable en cadenas que impactan a más de 190 sectores industriales. Además, tendría efectos directos en más de 690 comunidades mineras, donde la minería formal impulsa empleo, infraestructura y bienestar social.
No obstante, capitalizar esta coyuntura exige condiciones habilitadoras claras. Entre ellas, destacan incentivos responsables a la inversión, mecanismos para enfrentar la competencia desleal —particularmente asiática—, fortalecimiento de la seguridad en regiones mineras, impulso decidido a la exploración, así como procesos transparentes y ágiles para permisos ambientales y operativos. La modernización del marco legal también resulta indispensable para garantizar certidumbre jurídica.
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El sector minero mexicano proyecta un potencial de inversión superior a 43 mil millones de dólares en los próximos seis años. Con impactos directos para más de tres millones de familias. La consolidación de una minería responsable, basada en cumplimiento fiscal y transparencia productiva, será clave para sostener la competitividad.
En suma, el Plan de Acción representa una coyuntura histórica. Su éxito dependerá de una alianza efectiva entre Estado e industria. Orientada a traducir la integración regional del T-MEC en desarrollo nacional, seguridad estratégica y bienestar social.
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