Chile cuenta con una poderosa industria minera, siendo la principal industria del país. Se ha llevado sin cuidados ambientales. Se tiene registro de destrucción de glaciares, agua contaminada por gases pesados o inundación de gases tóxicos en las llamadas “zonas de sacrificio”. Todo ello podría cambiar gracias a la nueva Constitución.
Las garantías que benefician a la minería verde
Durante la dictadura de Pinochet se instaló esta minería “extractivista”, la cual busca ser frenada con este texto que apunta a una economía verde. Dicha propuesta de ley fundamental, fue presentada el lunes pasado a la ciudadanía y será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. En ella se propone cortapisas a la gran industria, lo que supondría el 10% del PIB del país.
Carolina Vilches, constituyente ambientalista, resaltó que las bases sentadas en el pasado desembocaron en atrocidades ambientales. De ellos podemos resaltar el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold o la mina Los Bronces de Anglo American. Esos proyectos amenazan valiosas reservas de agua en un país, llevándola a más de una década en situación de sequía.
«La nueva Constitución trata de revertir este ecocidio y busca que Chile camine hacia un modelo sostenible donde la industria sea compatible con el desarrollo social», detalló Vilches.
En la nueva constitución queda especificado que “los glaciares y áreas protegidas” quedan excluidos de la actividad minera. En consecuencia, la industria deberá tener como prioridad “la protección ambiental y social”. Así mismo, el Estado deberá regular sus impactos, teniendo la autoridad de cerrar o paralizar faenas.
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Para Gustavo Lagos, economista de la Universidad Católica y miembro del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), la nueva Carta Magna «deja una puerta abierta e invita a la nacionalización de los minerales a través de las leyes».
