La Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha formalizado un compromiso sin precedentes en el panorama gremial de América Latina: una meta cuantificable de descarbonización con fecha límite y un marco técnico estrictamente verificable. El organismo empresarial se ha fijado el objetivo de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector minero nacional para el año 2030. Para lograrlo, la industria adoptará el estándar Towards Sustainable Mining (TSM), un riguroso sistema de rendición de cuentas desarrollado por la Asociación Minera de Canadá.
A diferencia de otros marcos de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) basados en reportes escritos voluntarios, el TSM funciona como un esquema de auditoría externa que evalúa el desempeño de cada unidad operativa en siete áreas críticas. Estas incluyen la gestión hídrica, biodiversidad, seguridad, relaciones comunitarias, gestión de crisis, emisiones y presas de jales, otorgando calificaciones que van desde el nivel C hasta el AAA. Con 97 minas activas a cielo abierto y 152 subterráneas en el país, el TSM proporcionará la estructura metodológica para medir y verificar los avances mina por mina.
Retos operativos y geográficos en el contexto nacional
El reto de reducir un 40% las emisiones presenta complejidades específicas en México, donde la producción se concentra fuertemente en el oro y el cobre, dos metales de alta intensidad energética. Geografías clave como Sonora —que aporta el 45% del valor de producción nacional— y Zacatecas serán la prueba de fuego para la implementación. En Sonora, grandes operaciones como Buenavista del Cobre de Grupo México enfrentan el desafío de demostrar mejoras estructurales tras históricos conflictos hídricos. Por su parte, en Zacatecas, la alta presencia de firmas transnacionales como Newmont en Peñasquito o Fresnillo PLC implicará coordinar el TSM con sus propios marcos corporativos globales.
A pesar de las dificultades para los operadores medianos, el sector cuenta con una base sólida: actualmente, 41 unidades mineras emplean fuentes renovables, cubriendo el 36% de su demanda con energía limpia, con miras a alcanzar el 44% en 2030.
El filtro financiero y la relación con el regulador
La adopción de este estándar responde también a una fuerte presión del mercado financiero internacional. Los grandes fondos de inversión institucionales de Toronto o Frankfurt, así como los suscriptores de bonos verdes, exigen métricas auditables para autorizar capitales. Proyectos de gran envergadura en Zacatecas, como San Nicolás de Agnico Eagle y Teck (con una inversión estimada de 1,100 millones de dólares) o Camino Rojo de Orla Mining, operan bajo el constante monitoreo de sus indicadores de sostenibilidad.
Finalmente, este paso llega en un momento oportuno ante la política ambiental de la administración federal de Claudia Sheinbaum. Aunque se ha mostrado un enfoque pragmático para agilizar trámites y se firmó el Plan México-EUA de Minerales Críticos en febrero de 2026, la nueva Ley de Aguas de este año intensifica las presiones regulatorias sobre el estrés hídrico. Como ha señalado Pedro Rivero, presidente de CAMIMEX, el TSM no sustituye obligaciones de consulta indígena ni el inventario de jales, pero dota al sector de la credibilidad técnica necesaria para mantener el atractivo minero de México en los rankings globales.
