El senador estadounidense Bill Hagerty, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encabezó la presentación de la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero. Se trata de una legislación que impondría prohibiciones en represalia que castigarían a cualquier nación del hemisferio occidental que se apodere ilegalmente de bienes estadounidenses.
Esta legislación responde a los esfuerzos en curso del Gobierno de México para apoderarse de un puerto de aguas profundas propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company. Lo que constituye una flagrante violación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que rige el comercio entre nuestras dos naciones.
En concreto, esta legislación prohibiría a los buques entrar en un puerto estadounidense si anteriormente habían utilizado un puerto, terreno o infraestructura. Que hubiera sido confiscado ilegalmente a una entidad estadounidense por una nación extranjera en el hemisferio occidental.
Igualmente requiere que el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identifique y prohíba el comercio estadounidense a los puertos confiscados ilegalmente. Y requiere que el Representante Comercial de los Estados Unidos informe al Congreso sobre cómo se abordarían dichas expropiaciones durante la próxima revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), programada para 2026.
La legislación está copatrocinada por los senadores John Barrasso (R-WY), Katie Britt (R-AL), Ted Budd (R-NC), Tim Kaine (D-VA) y Tommy Tuberville (R-AL).
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“Condeno enérgicamente las amenazas de AMLO contra Vulcan Materials Company y me complace ver esta reprimenda bipartidista del Senado de los Estados Unidos”, dijo Hagerty.
Agregó que ninguna nación o presidente, y especialmente uno de sus socios comerciales más importantes, debería tener permitido intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias.
“Nuestra legislación ayudará a socavar cualquier intento de AMLO de sacar provecho de sus acciones ilegales. En caso de una confiscación, fortalecería la posición de nuestra nación en las negociaciones comerciales con México”, señaló.
Por su parte, el senador Barrasso comentó que la confiscación de propiedades estadounidenses por parte de México es indignante e inaceptable.
“Estados Unidos siempre defenderá los activos de las empresas estadounidenses de las confiscaciones ilegales. El proyecto de ley del senador Hagerty garantizará que los países extranjeros no puedan beneficiarse robando a las empresas estadounidenses en el extranjero”.
Mientras, el senador Britt comentó que se trata de una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida.
“No se equivoquen: el plan del presidente López Obrador para confiscar el puerto de aguas profundas de Vulcan representaría una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y de propiedad estadounidense, y el ataque de su administración al estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos y Alabama”, dijo.
Antecedentes:
En mayo de 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró abruptamente las operaciones de Vulcan con afirmaciones de que la empresa estaba violando su contrato. Desde entonces el gobierno mexicano, ha librado una campaña de presión contra Vulcan, que incluye múltiples demandas y, en ocasiones, el envío de militares y fuerzas del orden a sus instalaciones.
El mes pasado, López Obrador anunció que está presionando para designar el puerto y la mina como un “Área Natural Protegida”.
En mayo de 2022, Hagerty instó al presidente Joe Biden a tomar medidas contra las medidas del gobierno mexicano.
Posteriormente, en marzo de 2023, Hagerty presionó al secretario de Estado Antony Blinken sobre la confiscación. Por parte de tropas militares mexicanas y autoridades civiles de los activos de Vulcan Materials Company, en México.
En diciembre de 2023, Hagerty y Kaine hablaron en el pleno del Senado solicitando al presidente López Obrador que detuviera las acciones perjudiciales contra los activos de propiedad legal de las empresas estadounidenses en México, señalando que estas acciones ilegales violan los acuerdos realizados entre los dos países en virtud del T-MEC y ponen en peligro una relación comercial clave con Estados Unidos.
En mayo de 2024, Hagerty, Tuberville, Britt y Kaine enviaron una carta a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Solicitaron tomar medidas con respecto a la postura del gobierno mexicano a Vulcan Materials Company.
