Julio César Martínez Rivas, presidente de la Cámara Nacional del Aluminio (Canalum), invitó a todos los sectores industriales a unirse en una defensa conjunta del sector de la extrusión del aluminio ante las investigaciones de antidumping y sobre subsidios más grande de los últimos años que llevan a cabo el Departamento de Comercio (DOC) y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Las investigaciones apuntan a compañías de 15 países proveedores de productos extruidos de aluminio y en las que fueron identificadas 14 empresas mexicanas.
Durante el panel organizado por Canalum, denominado Panorama de la Investigación Antidumping y Antisubvenciones en Estados Unidos sobre las Extrusiones de Aluminio, Martínez Rivas explicó que la denuncia fue formalizada el pasado 25 de octubre.
Resaltó que la denuncia preocupa a los empresarios mexicanos porque afectaría las exportaciones superiores a los 661 millones de dólares anuales.
El ramo en general, señaló que tiene un valor de 10 mil millones de dólares para la industria nacional en productos derivados de la extrusión. Así como a 12 mil unidades económicas del sector que pueden resultar impactadas si estas medidas se extienden a otros productos de aluminio.
Consideró que, de evolucionar el tema desfavorablemente para México, incluso desencadenaría efectos contrarios en el nearshoring. Incluyendo, otros sectores económicos relacionados con el aluminio como el automotriz y el aeroespacial.
Martínez Rivas estableció que la Canalum garantizará a las empresas una adecuada representación para atender en tiempo y forma los procedimientos de las instituciones de Estados Unidos y respaldar a las empresas mexicanas.
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La Canalum cuenta dentro de su equipo técnico con el especialista en regulación del comercio internacional Kenneth Smith Ramos. Quien al igual que Alberto Lerín, ex funcionario de Secretaría de Economía especialista en este tipo de casos, forma parte del equipo multidisciplinario. El cual tiene como objetivo brindar el máximo apoyo a las empresas y disminuir el impacto que pueda tener la imposición de tasas de derechos antidumping y cuotas compensatorias para la industria mexicana.
Kenneth Smith dijo que el listado de productos que forman parte de esta investigación es muy largo. Agregó que abarca productos esenciales para las industrias de construcción, de transporte, automotriz, aeroespacial, material. Incluyendo, equipo utilizado en energías renovables, de iluminación, electrónicas, entre otros que tienen terminados de aluminio. Por lo cual la defensa conjunta a través de la Canalum es indispensable para que estos productos no se vean afectados.
Adicionalmente, expuso que, debido a que Estados Unidos tomó medidas antidumping en contra de China; en específico, por dañar a la industria nacional del aluminio, las autoridades podrían tomar decisiones negativas en contra de los países que forman parte de esta nueva investigación.
La situación preocupa más porque hoy se cumple uno de los plazos para entregar información por parte de México. La cual usará el DOC para seleccionar a los “declarantes obligados” y realizará un examen exhaustivo e individual de cada uno. Para evaluar la existencia y el grado de dumping y/o subsidio desleal del país elegido.
“De forma general los declarantes obligados son los mayores exportadores. Sin embargo, Estados Unidos podría determinarlos bajo otro criterio según les convenga. Por lo cual es indispensable que todas las empresas de la lista atiendan oportunamente todos los requerimientos. No atenderlos adecuadamente podría derivar en una determinación en contra de México”, apuntó Alberto Lerín.
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Enfatizó que sería sumamente negativa contra la industria de la extrusión porque Estados Unidos aplicaría márgenes de entre 76% y 82% de sanciones antidumping.
Al respecto, recomendó que se deben tomar las previsiones correspondientes porque la decisión preliminar del ITC. “Si existe o no un posible daño a la industria, se va a dar alrededor del 20 de noviembre”.
Si el ITC determina en ese momento que no existe un daño o amenaza de daño a la industria estadounidense el caso concluye. “Desafortunadamente el historial de cómo se conduce el ITC, en casi todos los casos determina que sí hay daño o riesgo de daño. Lo que representa dar luz verde a que continúe la investigación por parte del DOC”, apuntó Smith Ramos.
Ante esto, dijo que el grupo interdisciplinario tomará las medidas correspondientes para brindar asesoría legal a los industriales del aluminio. Los cuales en México representan el 2.5% del Producto Interno Bruto nacional.
El presidente de la Canalum aclaró que las autoridades estadounidenses normalmente revisan este tipo de casos en una visión conjunta de la industria. Por esa razón invitó a las empresas relacionadas a la extrusión y a todos los sectores que emplean estos productos a formar parte de este frente común, sean o no “declarantes obligados”.
Asimismo, reiteró que la Canalum está muy atenta a los esfuerzos que las empresas están emprendiendo para atender los requerimientos de las autoridades norteamericanas.
“Como cámara nos preocupa que esta situación afecte a los productores mexicanos de este y otros sectores. Por eso les reiteramos que mantendremos nuestro trabajo como organismo independiente e imparcial para defenderlos a todos”, añadió Martinez Rivas.
