El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha emitido una nueva disposición que condiciona la reducción de aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá. La medida, publicada en el Registro Federal estadounidense, propone disminuir los gravámenes del 50% al 25% solo para aquellas empresas que incrementen su inversión productiva en territorio estadounidense.
Este ajuste busca atraer capacidad industrial de manera directa hacia la economía de EE. UU., estableciendo requisitos estrictos para los envíos. La normativa pone especial énfasis en los productos vinculados a la cadena de suministro de vehículos medianos y pesados, afectando directamente a la fabricación de camiones y autobuses, un sector donde México mantiene una participación estratégica.
Críticas desde el sector privado mexicano
La reacción de los organismos comerciales en México no se ha hecho esperar. Gerardo Tajonar, vicepresidente de comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México, señaló que la medida no constituye un incentivo genuino para el libre comercio. «Sino que funciona como un mecanismo de presión sobre la industria nacional».
Según el directivo, la condicionante impuesta por Washington representa una «coerción arancelaria» que obliga al sector privado mexicano a financiar la reindustrialización de los Estados Unidos como un peaje ineludible para mantener la competitividad en el mercado norteamericano.
El fenómeno del «nearshoring inverso»
Expertos y líderes de opinión han calificado esta estrategia como un esquema de «nearshoring inverso». En lugar de fomentar la relocalización de empresas hacia México para aprovechar la cercanía. Y los tratados comerciales, la política estadounidense incentiva el traslado de capital mexicano hacia el norte.
Este escenario plantea un reto complejo para la industria siderúrgica y automotriz nacional, que ahora debe equilibrar sus costos operativos. Ante la presión de invertir en el extranjero para evitar aranceles que merman su rentabilidad en la región más integrada del mundo.
