Una profunda investigación publicada por The New York Times ha puesto al descubierto un escándalo de proporciones internacionales que involucra a la Casa de Moneda de los Estados Unidos (U.S. Mint). Según el informe, la institución ha eludido sistemáticamente la ley federal al fabricar sus emblemáticas monedas de inversión con oro procedente de casas de empeño extranjeras, empresas ligadas a la destrucción de sitios ancestrales y organizaciones criminales, incluyendo cárteles de la droga colombianos.
El colapso de la integridad legal
Desde 1985, el Congreso prohíbe a la Casa de Moneda utilizar oro extranjero para sus lingotes y monedas, como la famosa American Gold Eagle. Esta normativa busca garantizar que el suministro esté libre de abusos a los derechos humanos. Sin embargo, la investigación revela que la institución actúa como el «último eslabón» de una cadena de lavado de activos.
Los reporteros rastrearon el origen del mineral hasta minas controladas por el Clan del Golfo en Colombia, donde el cartel impone «impuestos» a mineros ilegales que utilizan mercurio y destruyen el ecosistema. Asimismo, se detectó oro proveniente de casas de empeño en México y Perú, una mina congoleña de propiedad china y una operación en Honduras que excavó un cementerio indígena. Incluso la moneda conmemorativa del 250.º aniversario de EE. UU., vinculada al presidente Donald Trump, podría contener esta mezcla de procedencia dudosa.
Consecuencias globales y respuesta oficial
Con el precio del oro rondando los 5,000 dólares la onza, el incentivo para la minería destructiva ha crecido exponencialmente. El informe subraya que esta actividad financia conflictos bélicos en Sudán y Ucrania, y ayuda a naciones como Irán y Venezuela a evadir sanciones.
Tras la publicación, el portavoz de la Casa de Moneda, que inicialmente afirmó que el oro era 100% estadounidense, matizó que EE. UU. es su fuente «primaria» y que se buscan mejores mecanismos de rastreo. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una investigación formal sobre las prácticas de adquisición del departamento: «Esta revisión se centra en garantizar que los proveedores cumplan con la ley y salvaguardar nuestra seguridad nacional», declaró.
El caso evidencia cómo el sistema de control de la industria ha colapsado, permitiendo que un símbolo de la soberanía y los «principios fundacionales» de Estados Unidos se sustente en una red de ilegalidad y violencia transnacional.
