Por el Lic. Alejandro Desfassiaux: La extorsión obedece a una dinámica de mercado. Si bien, circunstancias como el desempleo o la desigualdad social pueden favorecer la aparición y proliferación de la delincuencia, son los contextos que no están regulados o atendidos por el Estado los que derivan en la instauración de la extorsión.
En ese sentido, los sectores marginados o vulnerables suelen convertirse en víctimas habituales de los extorsionadores. Además, es necesario señalar que en los lugares donde hay violencia preexistente o ausencia del Estado es más probable que prospere la extorsión.
De acuerdo con datos oficiales, en 2023 se registraron más de 10 mil delitos de extorsión a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al INEGI, solamente dos de cada cien casos de extorsión son denunciados.
Hay que agregar que la extorsión (es decir, la extracción de dinero, bienes, servicios o lealtad, mediante la amenaza de la fuerza). Es un delito de alto impacto que se lleva a cabo por un periodo prolongado de tiempo, y de manera sistemática. Para ello, es necesario que el extorsionador tenga una identidad reconocible, o bien, pertenezca a un grupo que sea identificado por las víctimas con la capacidad suficiente para ejercer violencia de manera impune.
Es decir, se necesita algo muy parecido a una “identidad de marca”. Así como una estructura que permita sostener la extorsión por periodos de tiempo prolongados en territorios o actividades económicas específicas.
Siguiendo esa lógica, los extorsionadores buscan ampliar su alcance, y llevan sus prácticas extorsivas a otros territorios u otras actividades productivas. Lo que a su vez deriva en confrontaciones con otros grupos delictivos. La competencia criminal provoca a su vez que se aumenten los niveles de violencia y se incrementen las cuotas a las víctimas.
Lee el artículo completo aquí: La Economía de la Extorsión
Cuando un grupo extorsivo se impone a los demás, o bien, cuando diversos grupos llegan a acuerdos o a la repartición de territorio, este delito se normaliza. Aquí, la experiencia nos indica que las cuotas impuestas a las víctimas se calibran de manera que no resultan demasiado elevadas. Lo que permite a personas y empresas continuar con sus actividades económicas, y acostumbrarse al pago de extorsión como si se tratara de un impuesto. Esto, además, reduce los niveles de violencia e invisibiliza este delito.
Es en esta etapa en la que es más probable que los extorsionadores busquen infiltrarse en las instituciones públicas o privadas. Buscando comprar influencia social o política, para a su vez deshacerse de competidores y ampliar su influencia.
Por otro lado, es importante vigilar adecuadamente el desempeño de las fuerzas de seguridad, pues también son susceptibles de ser absorbidos por los criminales. Y no hay que olvidar que cualquier funcionario público con posición de ejercer poder discrecionalmente puede convertirse en un extorsionador, ya sea de las comunidades víctimas o de los grupos delictivos.
La respuesta no es sencilla, toda vez que no existe una sola estrategia contra las diversas modalidades de extorsión. Por ello, se requieren líneas de acción específicas para cada tipo de este delito, que consideren contextos de cada actividad económica y cada región. Al mismo tiempo, es urgente garantizar la seguridad de quienes se atreven a denunciar.
De acuerdo con datos oficiales, en 2023 se registraron más de 10 mil delitos de extorsión a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al INEGI, solamente dos de cada cien casos de extorsión son denunciados.
