En el marco del Foro Retos de la Minería Mexicana, organizado por la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se llevó a cabo el panel “La reforma a la Ley Minera y la supervivencia de la industria”.
Este evento, coordinado por la Lic. Karina Rodríguez Matus, socia del despacho Rodríguez, Matus & Feregrino, contó con la participación de destacados abogados especializados en el sector minero: el Lic. Federico Kunz, socio director de Kunz Abogados, y el Lic. Rodrigo Sánchez-Mejorada Velasco, socio director de Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé.
La jornada inició con la bienvenida del ingeniero Sergio Almazán Esqueda, ex presidente de la AIMMGM, quien destacó la importancia de discutir temas cruciales para el futuro de la minería en México.
La industria minera ha sido un pilar económico durante siglos, generando empleo, infraestructura y aportando significativamente a las arcas del gobierno a través de impuestos. Sin embargo, la reciente reforma a la Ley Minera, publicada el 8 de mayo del 2023, ha generado una gran incertidumbre en el sector. Esta reforma afecta no solo la Ley Minera, sino también la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La Exploración Minera: Un Nuevo Paradigma
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la eliminación de la posibilidad de que los particulares soliciten concesiones mineras. Ahora, la exploración está centralizada en el Servicio Geológico Mexicano, que dirigirá la exploración del territorio nacional a través de órdenes de exploración emitidas por la Secretaría de Economía. Este cambio ha roto con más de 500 años de tradición minera en México, donde particulares podían solicitar concesiones para explorar y explotar minerales.
El Lic. Rodrigo Sánchez-Mejorada destacó la importancia de la exploración como el equivalente a la investigación y desarrollo en otras industrias. Sin la capacidad de explorar y descubrir nuevos yacimientos, la producción minera inevitablemente disminuirá a medida que se agoten los yacimientos existentes. La centralización de la exploración en el Servicio Geológico Mexicano introduce un esquema inviable para los particulares. Ya que deben contar con información previa sobre la existencia de recursos minerales antes de presentar una solicitud. Lo cual es contradictorio en áreas nunca antes exploradas.
Además, la reforma establece que los informes de exploración deben ser presentados independientemente de la fecha de otorgamiento de la concesión. Lo que implica que la ley no debería aplicarse retroactivamente. Sin embargo, en la práctica, algunas autoridades han aplicado la reforma de manera retroactiva, afectando derechos previamente adquiridos.
Otorgamiento de Concesiones y Contraprestaciones
La reforma también modifica el proceso de otorgamiento de concesiones mineras. Ahora, las concesiones solo se pueden obtener mediante concursos públicos, basados en informes del Servicio Geológico Mexicano. Esto limita la expansión de la actividad minera a las áreas determinadas por el Estado, generando incertidumbre sobre el futuro de nuevas concesiones.
El Lic. Federico Kunz subrayó la necesidad de mecanismos claros y justos para el otorgamiento de concesiones, que incentiven la inversión y el desarrollo en el sector. La actual ley otorga preferencia en los concursos a pueblos y comunidades indígenas. Así como a aquellos que hayan tenido convenios de colaboración en el área concursada. Sin embargo, esta preferencia no siempre es clara ni justa, y puede generar conflictos y duplicidades en las contraprestaciones a comunidades.
Seguridad y Protección Ambiental
La reforma incluye disposiciones en materia de seguridad y protección ambiental, que han sido calificadas como innecesarias y carentes de técnica jurídica. El Lic. Federico Kunz argumentó que estas disposiciones duplican regulaciones ya existentes en la legislación ambiental y laboral, generando confusión y posibles conflictos de interpretación entre diferentes autoridades.
Por ejemplo, la obligación de reportar cualquier incidente o accidente en un plazo de 72 horas, bajo pena de multas excesivas y la posible cancelación de la concesión, es una medida desproporcionada que puede afectar gravemente a las operaciones mineras y a las comunidades que dependen de ellas. Las sanciones deben ser proporcionales y adecuadas para corregir conductas, no para cerrar operaciones completas por fallos administrativos menores.
Conclusiones
El panel concluyó que la reforma a la Ley Minera introduce cambios trascendentales que rompen con años de tradición y generan una gran incertidumbre. Aunque no se oponen a la modernización de la legislación, los panelistas abogaron por un enfoque que considere la realidad de la industria y las necesidades de todas las partes involucradas. Incluyendo comunidades, empresas y el Estado.
La minería ha sido un motor de desarrollo económico y social en México. Y es crucial que cualquier reforma promueva una minería sostenible y justa, que incentive la inversión y el crecimiento en el sector. Para ello, es necesario replantear algunos de los cambios introducidos por la reforma y asegurar que las regulaciones sean claras, justas y aplicables. Protegiendo tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades y los trabajadores.
En conclusión, la supervivencia de la industria minera en México dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios. Promover una minería responsable y sostenible, y trabajar juntos para superar los desafíos que enfrentamos. La discusión y reflexión en foros como este son esenciales para avanzar hacia un futuro próspero para la minería en México.
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