Compañía Minera Cuzcatlán (CMC) presentó un recurso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sea evaluada nuevamente.
Ayer, la Semarnat negó un nuevo permiso para regularizar la situación de 75 construcciones en su complejo en la comunidad de San José del Progreso; en los Valles Centrales de Oaxaca.
La minera, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, aseguró que “está plenamente convencida de la solidez técnica y ambiental de su expediente de regularización San José II”. Asimismo, aseveró que tiene toda la disposición para trabajar con la autoridad para atender cualquier aclaración necesaria.
Sobre el recurso de revisión que presentó, exponiendo las razones por las que considera que la MIA San José II puede ser evaluada en una segunda oportunidad; la empresa aseguró que, en sus más de 15 años de presencia en Oaxaca, se ha regido bajo un pleno apego a la ley.
“Hemos cumplido puntualmente con nuestras obligaciones fiscales, regulatorias, laborales, ambientales; en las actividades que realiza tanto en San José del Progreso, como en otros municipios aledaños”, destacó.
De acuerdo con la Semarnat, a la solicitud de la autorización ambiental, el documento carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad. Asimismo, no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad.
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Integrantes del “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” recordó que desde septiembre de 2020 exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, pues “desde hace diez años, Fortuna Silver Mines ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca”.
La solicitud de una nueva MIA por parte de la minera que opera en Oaxaca se dio el pasado 7 de julio de 2020; luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al complejo San José II. Y detectó edificaciones que no respetaban la autorización ambiental original, que data de 2009, por lo que le impuso una sanción administrativa.
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