El agua es un derecho humano que debe ser garantizado por el estado; y para las empresas, es una oportunidad de incidir de manera positiva en las comunidades en las que se opera. El diálogo y la colaboración son fundamentales para lograrlo.
Así se puntualizó durante el webinar “Prevención de conflictos y construcción de acuerdos en materia de agua”; organizado por Mujeres WIM de México y moderado por Rubí Alvarado, directora general de Mining México.
De acuerdo con la asociación, el sector minero reporta un consumo de 0.9%, a diferencia del sector agrícola con 77%. Aún así, la sustentabilidad del agua es uno de los retos más importantes del sector.
“Hay una situación en la que podemos ver al agua como una oportunidad o un riesgo para la comunidad local, pero conviene ver el tema del agua desde muchas perspectivas”, consideró Exequiel Rolón, subdirector desarrollo comunitario de Fresnillo PLC.
Fresnillo PLC se ha involucrado en la reutilización del agua residual de la ciudad de Fresnillo; a través de convenios con el gobierno municipal para el aprovechamiento de las aguas negras en beneficio de los minerales. De esta forma, asegura Rolón, la minería permite contribuir a la sustentabilidad del recurso vital.
“Al momento que la operación minera deja de consumir agua fresca, permite que otros tengan acceso. Es una estrategia bastante útil de mitigación contra el estrés hídrico que vemos en el país y se espera se incremente por el cambio climático”, puntualizó Rolón.
Para lograr esto, es imprescindible el diálogo y la colaboración con las comunidades locales; así como la normalización de instrumentos para evaluar de mejor forma la incidencia que puede tener toda actividad empresarial sobre los derechos humanos de las personas; en este caso el acceso al agua.
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En ese sentido, los estudios de evaluación de impacto social y los protocolos de debida diligencia cada vez cobran mayor relevancia para que las empresas respeten los derechos humanos; de acuerdo con Ma. de las Nieves García, directora general de GMI Consulting.
“Hay que aplicar estudios de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar medidas de prevención, de mitigación o actividades de compensación; y que se implementen conjuntamente con las comunidades para evitar que las empresas se hagan cargo de cuestiones que son directamente del estado mexicano”, dijo de las Nieves.
En la prevención de conflictos y construcción de acuerdos, el derecho a la consulta previa debe reforzarse como una oportunidad para mitigar riesgos sociales; y brindar legitimidad a los proyectos, de acuerdo con los panelistas. Esta es una obligación del estado cuando algún acto administrativo, permiso, autorización o ley, pueda impactar negativamente a un pueblo o comunidad indígena, según Paloma García Segura de Social Ambiental y Legal Consultores.
“Al día de hoy se han hecho protocolos por cada una de las consultas que al parecer resultaría lo mas adecuado; porque cada una de las comunidades participa en la elaboración de estos protocolos para señalar cómo quieren ser consultados y cuáles son los términos de acuerdo a sus usos y costumbres”, dijo García.
Por: Fernanda Ramón
